En el sistema jurídico turco, el proceso de ejecución se inicia cuando un acreedor desea recuperar una deuda mediante la intervención del Estado, a través de las oficinas de ejecución, conforme al Artículo 58 de la Ley de Ejecución y Quiebras (İcra ve İflas Kanunu, İİK). Este artículo establece que el acreedor debe presentar una solicitud escrita que incluya información sobre el deudor, la naturaleza de la deuda y el importe. Una vez aceptada la solicitud, la oficina de ejecución emite un "mandato de pago" (ödeme emri), que se envía al deudor.
El acreedor debe cumplir con ciertos requisitos antes de iniciar el procedimiento. Uno de los principales es la existencia de una deuda líquida, es decir, una obligación clara y exigible. Según el Artículo 68 del İİK, si el deudor no cumple con el pago dentro del plazo de siete días, el acreedor puede proceder con la ejecución forzada.
El procedimiento de ejecución puede ser de dos tipos: ejecución con título judicial o ejecución sin título judicial. La primera se basa en una sentencia firme, mientras que la segunda se utiliza para deudas no respaldadas por una decisión judicial.