El KVKK establece un régimen sancionador robusto para garantizar cumplimiento. Las sanciones incluyen multas administrativas, prohibiciones de procesamiento, y en casos graves, sanciones penales. Las multas pueden alcanzar: hasta 1,000,000 TL por procesamiento ilícito de datos, hasta 2,000,000 TL por no implementar medidas de seguridad adecuadas, hasta 2,000,000 TL por no notificar violaciones de datos, y hasta 3% de la facturación anual por transferencias internacionales ilegales.
El procedimiento sancionador comienza con investigación de oficio o por denuncia de titular. La Autoridad puede: solicitar documentación, realizar inspecciones in situ, entrevistar empleados, y acceder a sistemas de información. El controlador tiene derecho de defensa antes de imposición de sanción. Las decisiones pueden apelarse ante el tribunal administrativo competente.
Además de sanciones administrativas, el artículo 135 del Código Penal turco criminaliza el registro ilícito de datos personales, castigado con prisión de 1 a 3 años. La divulgación o apoderamiento ilícito de datos también es delito penal. Los titulares pueden reclamar daños y perjuicios en tribunales civiles independientemente de sanciones administrativas. Las organizaciones que demuestren esfuerzos proactivos de cumplimiento pueden beneficiarse de reducción de sanciones. La Autoridad publica decisiones sancionadoras para promover transparencia y disuasión.